Este fin de semana ha hecho un año de la declaración del
estado de alarma en nuestro país, motivado por la crisis sanitaria provocada
por COVID-19. Las noticias se han hecho
eco de lo acontecido a lo largo de estos 365 días: estrés y sobrecarga de los
sanitarios, impacto económico, situación en las residencias de mayores,…. Una
vez más se han olvidado mencionar el impacto que todo lo vivido ha tenido en la
vida de las personas con discapacidad intelectual.
Para todos los ciudadanos, éste ha sido un año de pérdidas y
restricciones de las libertades. Las hemos asumido y respetado (unos más que
otros), entendiendo que estas renuncias servirían para mitigar los contagios. En
la vida de las personas con discapacidad, estas restricciones de libertades se
han sumado a las que ya tenían antes de que el COVID se instalase en
nuestras vidas. Las personas con discapacidad ya tenían pocas o nulas
posibilidades de decidir sobre sus vidas (dónde vivir, con quién, si tener o no
una relación de pareja, elección de un centro, decidir qué hacer con sus
ingresos, etc).
Existe en nuestro país un grupo de ciudadanos que viven de
manera permanente en un “estado de alarma”. Un grupo de personas cuyas vidas se
ven condicionadas no sólo por las restricciones actuales; se suman a éstas las
ejercidas por la idea preconcebida de lo que pueden o no hacer, de su
discapacidad. Personas a las que, con la intención de proteger, anulamos (antes
y durante el COVID).
Queremos, desde ATUREM, hacer una invitación a la reflexión,
para que encontremos formas distintas de hacer las cosas y, de este modo,
construir entre todos/as una comunidad igualitaria, inclusiva, regida por
valores en los que la DIGNIDAD de todos los ciudadanos sea considerada en la
misma medida.
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