Un gran paso para la consideración de ciudadanos de pleno derecho de las personas con discapacidad intelectual

El Consejo de Ministros celebrado con fecha 7 de julio de 2020,   remitió a las Cortes Generales Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En él se proponen importantes cambios, eliminando conceptos como la tutela, patria potestad prorrogada y rehabilitada y la incapacidad,  sustituyéndolos por el de APOYOS.

Con esta reforma, España avanzará en la implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en 2008. Con 12 años de retraso, nuestro país pone sobre la mesa una realidad judicial que durante años ha facilitado la  vulneración del derecho a la libre toma de decisiones acerca de aspectos importantes para cualquier ciudadano: dónde y con quién vivir, aceptación de un empleo, toma de decisiones en ámbito de salud y un largo etcétera.

El cambio propuesto en este anteproyecto de ley, va en consonancia con el paradigma de apoyos asumido por las entidades de personas con discapacidad intelectual desde hace aproximadamente dos décadas. Este modelo parte de la idea de que la discapacidad “no es algo fijo o dicotómico, sino que es fluida, continua y cambiante de acuerdo con las limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos disponibles en su entorno”.

Esperamos y deseamos que todos estos cambios legales se traduzcan en prácticas que aseguren la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y que, en la medida de lo posible, no reincidamos en un nuevo retraso. El derecho a una vida digna de ser vivida de miles de personas con discapacidad intelectual está en juego.