INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. Enero 2014
Os dejamos un resumen de los aspectos más importantes de este informe:
1. El Sistema de Atención a la Dependencia está sufriendo un estancamiento porque el límite del Sistema debería estar en torno al millón de beneficiarios y no en los 750.000 en los que se ha estabilizado.
2. Las personas con derecho reconocido, que están a la espera de recibir las prestaciones o servicios correspondientes se reduce en más de cien mil personas en los dos últimos años, como consecuencia del fallecimiento de muchas de ellas, no han recibido las atenciones que les corresponde.
3. El nuevo baremo endurece la entrada de beneficiarios al Sistema, así como el Grado que se les reconoce, haciendo incluso que personas con derecho reconocido dejen de tenerlo, o que bajen de un Grado III a un Grado II.
4. Se producirá una reducción del gasto del 4% de las Administraciones Públicas en atención a la Dependencia en 2013.
5. Las Administraciones Públicas deberán financiar al Sistema de Atención a la Dependencia en un 25% por parte de la Administración General del Estado y el 75% restante por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo la Ley establece que esta financiación pública (detraído ya el copago) debería ser igualitaria por parte de ambas Administraciones.
6. El Servicio de Ayuda a Domicilio se puede sufrir algunos cambios en los próximos meses y esto afectará a muchas personas y familias que necesitan este servicio.
7. Existen serios indicios de que el IMSERSO puede estar manipulando la información que ofrece en cuanto al Sistema de Atención a la Dependencia, ya que no coincide la información que ofrece el IMSERSO en sus estadísticas oficiales del SAAD, con la que las propias Comunidades dan en sus páginas oficiales sobre los mismos conceptos.
8. La Administración General del Estado está incumpliendo su compromiso de financiación con la Ley Orgánica De Financiación de las Comunidades Autónomas. Para solucionar este asunto debería aportar un 50% del importe del gasto público real o inscribir un sistema que financie y asegure que las CCAA puedan cumplir con las obligaciones contraídas con la población en situación de dependencia. De lo contrario, se asistirá a la desaparición de esta Ley.
En Andalucía los datos son los siguientes:
Andalucía es una de las comunidades con mayor número de solicitudes para la valoración de dependencia. Del mismo modo, también figura por encima de la media española en relación a los dictámenes aprobados.
A fecha del estudio (2013), la media de personas sin recibir la atención reconocida en su PIA es en España de 20,2%.
Andalucía es una de las Comunidades que se encuentra integrada en la red de Servicios Sociales Básicos. Además, es una de las Comunidades seleccionadas para la innovación y buenas prácticas encontramos a Andalucía.
Según el número de personas atendidas, Andalucía presenta el porcentaje más bajo (-10,75%) a diferencia de las demás.
La media del gasto público estimado por habitante y año (descontado el copago) es de 109,25€ pero Andalucía se sitúa por encima de esta media, siendo los gastos de esta de 128,48€.
La puntuación media del XII Dictamen de Enero de 2014 es del 4,7%. La mayoría de las comunidades españolas sobrepasan esta media, entre las que se encuentra Andalucía, con una puntuación de 5,8%.
Aquellas personas interesadas en leer el informe completo lo pueden hacer AQUI.
1. El Sistema de Atención a la Dependencia está sufriendo un estancamiento porque el límite del Sistema debería estar en torno al millón de beneficiarios y no en los 750.000 en los que se ha estabilizado.
2. Las personas con derecho reconocido, que están a la espera de recibir las prestaciones o servicios correspondientes se reduce en más de cien mil personas en los dos últimos años, como consecuencia del fallecimiento de muchas de ellas, no han recibido las atenciones que les corresponde.
3. El nuevo baremo endurece la entrada de beneficiarios al Sistema, así como el Grado que se les reconoce, haciendo incluso que personas con derecho reconocido dejen de tenerlo, o que bajen de un Grado III a un Grado II.
4. Se producirá una reducción del gasto del 4% de las Administraciones Públicas en atención a la Dependencia en 2013.
5. Las Administraciones Públicas deberán financiar al Sistema de Atención a la Dependencia en un 25% por parte de la Administración General del Estado y el 75% restante por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo la Ley establece que esta financiación pública (detraído ya el copago) debería ser igualitaria por parte de ambas Administraciones.
6. El Servicio de Ayuda a Domicilio se puede sufrir algunos cambios en los próximos meses y esto afectará a muchas personas y familias que necesitan este servicio.
7. Existen serios indicios de que el IMSERSO puede estar manipulando la información que ofrece en cuanto al Sistema de Atención a la Dependencia, ya que no coincide la información que ofrece el IMSERSO en sus estadísticas oficiales del SAAD, con la que las propias Comunidades dan en sus páginas oficiales sobre los mismos conceptos.
8. La Administración General del Estado está incumpliendo su compromiso de financiación con la Ley Orgánica De Financiación de las Comunidades Autónomas. Para solucionar este asunto debería aportar un 50% del importe del gasto público real o inscribir un sistema que financie y asegure que las CCAA puedan cumplir con las obligaciones contraídas con la población en situación de dependencia. De lo contrario, se asistirá a la desaparición de esta Ley.
En Andalucía los datos son los siguientes:
Andalucía es una de las comunidades con mayor número de solicitudes para la valoración de dependencia. Del mismo modo, también figura por encima de la media española en relación a los dictámenes aprobados.
A fecha del estudio (2013), la media de personas sin recibir la atención reconocida en su PIA es en España de 20,2%.
Andalucía es una de las Comunidades que se encuentra integrada en la red de Servicios Sociales Básicos. Además, es una de las Comunidades seleccionadas para la innovación y buenas prácticas encontramos a Andalucía.
Según el número de personas atendidas, Andalucía presenta el porcentaje más bajo (-10,75%) a diferencia de las demás.
La media del gasto público estimado por habitante y año (descontado el copago) es de 109,25€ pero Andalucía se sitúa por encima de esta media, siendo los gastos de esta de 128,48€.
La puntuación media del XII Dictamen de Enero de 2014 es del 4,7%. La mayoría de las comunidades españolas sobrepasan esta media, entre las que se encuentra Andalucía, con una puntuación de 5,8%.
Aquellas personas interesadas en leer el informe completo lo pueden hacer AQUI.
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