En España hay alrededor de 470.000 personas con discapacidad intelectual, de las cuales aproximadamente 63.000 tiene muchas necesidades de apoyo en la mayor parte de áreas adaptativas. (Datos Plena Inclusión).
Es evidente que la situación de crisis sanitaria que atravesamos, ha supuesto para todos/as un cambio radical de nuestras formas de vida. Este cambio, supone para ese 1% de la población española que representan las personas con discapacidad intelectual, un impacto importante que les exige un esfuerzo de adaptación que, muy probablemente, no tenga precedentes en sus experiencias vitales.
El pasado 16 de marzo, el Presidente del Gobierno español decretaba el estado de alarma. En estos días ha sido muchísima la información que hemos recibido los ciudadanos de este país: restricciones de movimiento, cierre de comercios, datos acerca de la evolución de la enfermedad, medidas higiénicas y un largo etcétera. En una democracia, la declaración de un estado de alarma debe estar lo suficientemente argumentada e informada a la ciudadanía, es un DERECHO de todos/as el acceso a esta INFORMACIÓN, dada la restricción de libertades que esta declaración supone. Las personas con discapacidad intelectual tienen igualmente DERECHO a tener esta información. Información que no se ofrece adaptada a sus posibilidades de comprensión; vulnerándose de este modo su derecho a acceder a la misma. Desde el pasado 16 de marzo, han sido muchas las comparecencias de nuestros políticos y en ninguna de ellas se ha mencionado a las personas con discapacidad intelectual. Es una forma de invisibilizar a este colectivo, no siendo reconocidos como ciudadanos de pleno derecho.
Desde el principio de esta crisis sanitaria, todos los estamentos políticos, científicos, sociales,.. han hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos para evitar la propagación del COVID 19. Somos vistos como personas competentes para aportar en la situación que atraviesa nuestro país. El lenguaje bélico se ha instaurado en el discurso de todos; expresiones como “la batalla contra el COVID”, “esta guerra la vamos a ganar” y otras similares, derivan en un constructo social que nos invita a pensar en “héroes” “guerreros” y “posibles víctimas”. El hecho de que a las personas con discapacidad intelectual no se les facilite el acceso a la información, de que no se les exija esa corresponsabilidad, de que no sean consideradas como agentes activos en esta lucha contra el COVID, las posiciona directamente en el rol de “posibles víctimas”. Las personas con discapacidad intelectual llevan años reivindicando ser vistas y consideradas como ciudadanos de pleno derecho; luchando por ser valoradas como agentes activos en nuestra comunidad, rompiendo estereotipos que las posicionan en el papel de víctima a la que sobreproteger. Las personas con discapacidad intelectual tienen DERECHO a que se le presten los apoyos necesarios para participar como AGENTES ACTIVOS de nuestra comunidad.
Desde hace unos días, escuchamos en los medios de comunicación la expresión “la nueva normalidad”. Debemos prepararnos todos/as para incorporarnos a la vida de nuestras ciudades teniendo en cuenta nuevas normas de relación. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la mayor parte de los adultos del país (y desde el pasado domingo los menores de 14 años) hemos tenido la oportunidad de experimentar estas medidas en contextos naturales: distanciamiento físico, uso de geles hidroalcohólicos, uso de mascarillas, etc… ¿Han tenido las personas con discapacidad intelectual esta oportunidad?. Sin lugar a dudas NO.
La declaración de estado de alarma, conlleva una restricción importante en las libertades de los ciudadanos; en el caso de las personas con discapacidad intelectual, estas restricciones aumentan por el rol asignado, alimentado de paso, el temor de las familias a fomentar su autonomía y sus posibilidades de desarrollo personal. El largo y difícil camino que muchas de estas personas han recorrido para alcanzar su autodeterminación, se verá seriamente obstaculizado en esta "nueva normalidad"; aparecerán sin duda nuevas formas de sobreprotección
Desde mediados del mes de marzo, hemos reconocido el derecho de las familias a tener unos ingresos mínimos, el derecho de los niños/as a continuar con su educación y a poder salir a dar cortos paseos como medida de higiene y salud mental, el derecho de los animales a pasear y a que sean atendidos sus problemas de salud manteniendo como servicio esencial la atención veterinaria,… y así podríamos continuar con un largo recorrido de derechos manifiestos. No ha sido así, con respecto a las personas con discapacidad intelectual.
Como cierre, recordar que la Convención sobre Derechos de las Personas con discapacidad de la ONU, recoge en su artículo 3, entre otros, los siguientes principios generales:
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Derecho a la No discriminación.
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Derecho a la Igualdad de oportunidades.
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Derecho a la accesibilidad.
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